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*los envíos de Pedro Luis García*

Opinión
   Subvenciones fantasmas

   Desde  1967,  ningún trabajador cubano sabe cuánto le retienen
   del  salario  bruto  por  concepto de seguridad social, salud,
   educación y defensa.
   Miguel A. García Puñales, Madrid
   viernes 9 de enero de 2009

   ¿De  dónde  obtiene  un Estado los recursos de que dispone? En
   los  tiempos  que  corren esta es una buena pregunta, pues los
   anuncios desde La Habana sólo son más de lo mismo.

   En  un  Estado  totalitario  como el cubano, dueño absoluto de
   todos  los medios de producción e, incluso, de una buena parte
   de las propiedades personales de la población, no quedan otras
   opciones que tres fuentes bien identificadas: la plusvalía que
   arranca  a  todos  los  trabajadores  del  país, los préstamos
   privados  de  la  banca  internacional o directamente de otros
   Estados  (que  a  la  corta  se  convierten  en  deuda externa
   consolidada),  y  las  inversiones  lícitas  o  ilícitas en el
   extranjero.

   Sin  embargo,  las  últimas  noticias obligan a limitarse a la
   primera  y  más  importante  fuente  de  recursos del gobierno
   cubano:  la  feroz  explotación económica a la que se somete a
   los ciudadanos.

   Los  últimos  discursos  de  Raúl  Castro  y  de  otros  altos
   funcionarios   del   gobierno,   que   buscan   culpar  de  la
   ineficiencia  a los trabajadores, vaticinan aún peores tiempos
   para  la  población.  Es absurdo --aunque surte efectos por lo
   repetitivo   del  discurso--  suponer  que  el  Estado  cubano
   subvenciona realmente algo en el país.

   Cualquier  Estado,  con  economía de mercado, obtiene recursos
   básicamente  a través de la exacción de impuestos. Esto es así
   porque   los   medios  de  producción  y  el  producto  de  la
   acumulación derivada de la actividad productiva, se encuentran
   en  manos  privadas. De manera tal que cuando un área necesita
   apoyo  económico  --como  está  ocurriendo en la actual crisis
   financiera  internacional--,  el Estado acude con sus recursos
   obtenidos  mediante  impuestos  a  dar soporte o estabilidad a
   dichos  sectores. Ocurre casi de forma universal y sistemática
   con  el  transporte  público  y  la  agricultura, dada la alta
   incidencia de estos campos en el desempeño social.

   En  estos  casos,  el  Estado  redistribuye  una  parte de los
   beneficios  de  la actividad económica nacional, de los cuales
   se  ha  apropiado  previamente, para poder mantener el aparato
   estatal y el gobierno como forma de organización nacional.

   Mientras  tanto,  el  Estado  totalitario  asume la función de
   empresario  total  del  entramado  económico nacional. De esta
   forma,  la clásica fórmula Dinero-Mercancía- Dinero (D-M-D), a
   la  que hace referencia Carlos Marx en el Tomo I de su obra El
   Capital,  es  aplicada  en el caso cubano no por un empresario
   capitalista "sediento de ganancias", sino por la única empresa
   del país, el Estado.

   Si  la  plusvalía  sigue siendo --según el criterio marxista--
   "el   nuevo  valor  creado  del  que  no  participa  la  clase
   trabajadora",  entonces  no  es  necesario  dar más vueltas de
   hojas. Absolutamente todos los fondos de que dispone el Estado
   cubano provienen de la expropiación de aquella parte del fruto
   del  trabajo de la cual no da participación al trabajador, con
   el  pretexto cansonamente argumentado que el Estado se encarga
   de  redistribuir  socialmente  la  plusvalía,  a  la cual, por
   cierto, no llama por su nombre.

   ¿Canasta básica subvencionada?

   Uno  de  los argumentos utilizados en los últimos discursos es
   el que pretende convencernos de que los productos alimenticios
   que  se  venden  mediante  la  cartilla de racionamiento --mal
   llamada  "libreta de abastecimientos" o "canasta básica"-- son
   subvencionados por el Estado. Este es un argumento falso.

   Desde la congelación de los salarios nacionales en 1962 (desde
   esa  fecha no se efectúa ninguna corrección salarial seria que
   contemple  el  incremento  del  Índice  de Precios al Consumo,
   IPC),  los  productos de la cartilla de racionamiento, junto a
   las  tarifas  de  servicios  públicos  básicos, son los únicos
   precios  que  se  mantienen "acordes" con el salario devengado
   por los trabajadores.

   Por tanto, la decisión estatal de no corregir los salarios, se
   corresponde  con  la  también  decisión  estatal de cobrar los
   productos  y  servicios  básicos que vende --escasos y de mala
   calidad--  de  acuerdo  con  el  salario  nominal que paga. No
   existe  subvención  posible,  toda  vez  que  la diferencia de
   precios  que  el Estado abona por obtener en el extranjero los
   productos  o materias primas necesarios, ya han sido aportados
   mediante la plusvalía arrancada al trabajador.

   Sólo  si  el  Estado  considera  la  riqueza nacional como una
   propiedad de la clase gobernante, se explica tanta insistencia
   --casi  histérica--  en  la imposibilidad de "subvencionar" el
   hambre.  Otra  cosa  es  que  el  demostradamente ineficiente,
   botarate  y voluntarioso empresario estatal capitalista cubano
   --es  decir, el gobierno-- no reconozca su crónica incapacidad
   económica,  guiada  únicamente  por  fines  ideológicos  y  de
   permanencia en el poder.

   En  estos  cincuenta  años  han  experimentado todo lo que han
   querido,  y  más.  Viraron patas arriba la economía de un país
   tradicionalmente   próspero   y   destruyeron   la   ganadería
   importando  vacas  Holstein holandesas, para terminar llevando
   búfalos  de agua vietnamitas. Intentaron desecar la Ciénaga de
   Zapata  --principal  humedal  del  Caribe--  y  tuvieron en el
   tintero  la  posibilidad hacerlo con la plataforma insular que
   media  entre  la  Isla de Pinos y La Habana. Destruyeron buena
   parte  de la capa vegetal del país, especialmente de la sabana
   camagüeyana,  mediante  una  "invasión" militar con tanques de
   guerra que arrastraban gigantescas cadenas con bolas de acero.

   En fin, sería interminable la historia de cómo convirtieron el
   país en una extensión del "patio de mi casa".

   Impuestos ocultos

   Lo  peor  y  menos  conocido  por las actuales generaciones de
   trabajadores,  a  los  cuales  ahora  se  amenaza  con  nuevos
   impuestos,  es que, además de la plusvalía que le arrancan sin
   remisión,  ya pagan impuestos sobre el salario. Sólo que desde
   1967, mediante la aplicación de la Ley 1170 del Comité Estatal
   del   Trabajo   y   Seguridad   Social,  las  nóminas  de  los
   trabajadores dejaron de reflejar las diferencias entre salario
   bruto  y  neto,  en  aras  de  una  supuesta  "lucha contra el
   burocratismo".

   De  esta  forma,  el  trabajador  sólo sabe la cantidad que le
   pagan  --el  neto--, pero nunca cuánto le retienen del salario
   bruto  (en  algunos  casos  hasta  el  40%)  por  conceptos de
   seguridad   social,   salud   pública,   educación,   defensa,
   vacaciones, etcétera. Por supuesto que cualquier obrero cubano
   cree que no paga impuestos.

   Algunos  incrementos  de los astronómicos precios del "mercado
   libre"  comenzaron  por  ser  contribuciones "temporales", por
   ejemplo, para los "damnificados del ciclón Flora", allá por el
   lejano  1964, cuando subieron los precios de los cigarrillos y
   de  la cerveza. ¿Habrán terminado ya, en 2009, de ayudar a los
   damnificados?

   El círculo vicioso trazado no es más que eso: la serpiente que
   se  muerde  la cola. No se trabaja con productividad porque el
   salario es puramente simbólico (incluso con los "aumentos" del
   último año) y no habrá incremento salarial hasta tanto no haya
   productividad.  El  sistema  será  ineficiente hasta que no se
   liberalice  la  economía;  pero esto es para La Habana como la
   cruz para el vampiro.